SOBRE LA RESPONSABILIDAD
CIVIL POR EL TERRORISMO DE ESTADO
La memoria nos involucra a todos[1]

Por Hugo Vezzetti *

A casi quince aos de la restauracin democrtica, es importante mantener abiertas las preguntas por lo sucedido durante el ciclo del terrorismo de Estado en la Argentina. E indagar cmo pudo haber pasado (la pregunta de Hanna Arendt a la cada del nazismo) es el trabajo correlativo y necesario a ese Nunca ms que encarn un consenso mayoritario de la sociedad en la condena de la impunidad estatal y el terrorismo poltico. En ese sentido, la accin pblica de la memoria excede la denuncia de los crmenes y la demanda de verdad y justicia en la medida en que, de cara a la sociedad, enfrenta ya no la culpabilidad de los criminales sino las responsabilidades de la propia sociedad. En momentos en que el debate acerca del libro Los verdugos voluntarios del nazismo, de Goldhagen, se refiere a la experiencia histrica del nazismo, vale la pena recordar que fue Karl Jaspers, en 1945, quien afront la cuestin de la culpabilidad alemana en un curso dictado en la Universidad de Heilderberg. Y a l se debe la distincin, clave para ese debate, entre la culpabilidad criminal, la culpabilidad poltica y la culpabilidad moral. (K. Jaspers, La culpabilit allemande, Paris, Minuit, 1990.)
Es claro que el caso argentino no puede ser mecnicamente identificado con el alemn: en la Argentina el rgimen dictatorial nunca tuvo un apoyo de masas semejante al que sostuvo al totalitarismo nazi. De modo que, si es muy importante sostener las preguntas por las responsabilidades (polticas y morales) de la sociedad argentina frente al terrorismo de Estado, es conveniente atender a ciertos rasgos singulares del ciclo histrico que culmin definitivamente (es lo que todos queremos) con la ltima dictadura. Ante todo, es preciso indagar las condiciones que en la propia sociedad (y eso incluye sus instituciones, sus dirigentes, sus organizaciones y cultura polticas) hicieron posible la instauracin de tal rgimen. En efecto, el corte histrico de la inauguracin democrtica, la denuncia de los crmenes y el juicio pblico de los principales responsables instalaron en la sociedad, junto con el rechazo de la impunidad y el sobrecogimiento por las vctimas, algo as como una proyeccin del mal: esto que rechazamos no tiene nada que ver con nosotros. Es importante, entonces, abordar la cuestin de la complicidad de la sociedad, un tema que ha sido expuesto directa y francamente por Eduardo Pavlovsky en una nota de esta misma seccin (Pgina/12, 24-6-99).
Es conveniente reconocer que el problema de las responsabilidades colectivas es un problema complejo. En principio, una sociedad debera hacerse responsable no slo por lo que activamente promueve y apoya sino incluso por aquello que es incapaz de evitar. Al mismo tiempo, conviene recordar que la dictadura no fue impuesta por una fuerza de ocupacin extranjera ni fue completamente ajena a tradiciones, acciones y representaciones de la lucha poltica que estaban presentes en la sociedad desde mucho antes. Es claro que hay una responsabilidad poltica inexcusable en los partidos que colaboraron con sus hombres en la implantacin y sostenimiento de un rgimen que, hay que recordarlo, fue en verdad cvico-militar. Lo mismo puede decirse del papel de los crculos del poder econmico, sindical, eclesistico, periodstico, que aportaron una conformidad que, en muchos casos, se convirti en un apoyo activo al rgimen.
Por otra parte, si se atiende a las condiciones de la instauracin de la dictadura, no puede dejar de reconocerse que fue promovida por una escalada de violencia ilegal, facciosidad y exaltacin antiinstitucional que involucr a un amplio espectro de la sociedad civil y poltica, en la derecha tanto como en la izquierda. No slo el viejo partido del orden y los responsables de la violencia paraestatal celebraron en marzo de 1976. Cualquiera que tenga edad suficiente puede recordar que para cierto sentido comn revolucionario (que abarcaba bastante ms que las organizaciones guerrilleras) una dictadura era preferible a un gobierno constitucional en la medida en que pona en claro el carcter del enemigo, en una lucha poltica concebida como una escalada de guerra hacia la toma del poder. Es claro que una buena parte de la sociedad haba acompaado con cierta conformidad pasiva el vuelco de la poltica hacia un escenario de violencia que despreciaba tanto las formas institucionales de la democracia parlamentaria como las garantas del estado de derecho. Tanto como que la escalada de la violencia en la escena social cotidiana y las imgenes del caos (en gran parte estimuladas por la prensa favorable al golpe) estuvieron en la base de una suerte de rebote del humor colectivo de una mayora que vir hacia la conformidad con formas (en principio dictatoriales, de acuerdo con la experiencia histrica) de la restauracin del orden y la autoridad.
De modo que, si es cierto que una mayora acompa o aport su conformidad pasiva a las faenas de la dictadura (responsabilidad moral, dira Jaspers), no lo es menos que entre las condiciones que hicieron eso posible estuvo esa larga y pronunciada demolicin de las formas y los valores de la democracia institucional y la jerarqua de la ley. Es conveniente evitar, entonces, una representacin de la relacin entre la sociedad y la dictadura argentinas que considere a aqulla como una pura vctima. De all la importancia de desplazar el anlisis desde la memoria y la denuncia de los crmenes a las condiciones que los hicieron posibles. Pero es claro que en el plano de las responsabilidades colectivas (polticas y morales) no se trata de igualar a todos con una apelacin genrica a la sociedad. En ella juegan instituciones y organizaciones, tradiciones y formas de accin polticas, social, econmica. Y la responsablidad mayor recae en sectores dirigentes y ncleos de poder que tuvieron la posibilidad de actuar de otra manera.
Ahora bien, la memoria y el juicio sobre ese pasado ominoso y sobre sus consecuencias hacia el presente no puede separarse de la voluntad de dejarlo definitivamente atrs. Y depende de la edificacin de un consenso que slo excluya a los criminales, sus defensores y aclitos y a los nostlgicos del cualquier forma de reduccin de la poltica a la guerra. De modo que, si se trata de juzgar moralmente condiciones que fueron generadas colectivamente (y ya no acciones criminales), admitiendo diversos grados de responsabilidad, no es posible eludir una consideracin de las condiciones que hicieron posible, demasiado fcil podra decirse, la quiebra final de un estado de derecho que estaba ya gravemente debilitado. El terrorismo de Estado no cay del cielo, y para volver sobre l desde el ngulo de las responsabilidades sociales, parece necesario contribuir a un trabajo de la memoria que nos involucre y sea capaz de interrogar y eventualmente alterar certezas y valores que contribuyen a oscurecer la recuperacin pensada de ese pasado. Y en ese sentido, una genealoga de la cultura de la violencia y de la ilegalizacin de las instituciones y el Estado no puede estar ausente de una memoria y una transmisin del pasado que busque ser eficaz en la construccin de un futuro diferente.

* Miembro del consejo editorial de la revista Punto de Vista; ex decano de la Facultad de Psicologa de la UBA.